Ajuste y corrupción en Discapacidad
Si hubo coimas, que no se note: el Gobierno anunció que la Andis “dejará de existir”
Adorni dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el “modelo médico” descartado hace décadas.
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py –la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos –el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del “tres por ciento para Karina (Milei)” gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo. “La Andis, como la conocemos, dejará de existir”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida tiene su peso simbólico pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026. Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue “eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente” que arrastraba la Andis. Entre esos “manejos incompatibles” con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la “radiografía del perro”) y al combo le agregó “médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)”.
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dió la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
La Rosada había intentado sacar de esa causa al juez Adrián González Charvay, pero no lo logró. Además, quiso meter por la ventana del presupuesto 2026 la derogación definitiva de la Ley de Emergencia, y también fracasó. Javier Milei la vetó una vez y, tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso, optó por reglamentarla sin fondos, suspendiéndola en los hechos. Pero la justicia ya decretó que la norma tiene plena vigencia legal.
Ese tipo de desaguisados demuestran que la administración libertaria nunca supo cómo llevar adelante el ajuste en el área. La Andis primero pasó de la jefatura de gabinete a la órbita de Presidencia, para luego recaer en Salud. Ahora pasará a ser una mera secretaría dentro de ese Ministerio. En el medio hubo más de 300 despidos y se espera que haya una nueva tanda en estos días (serían entre 30 y 60, según los listados que circularon ayer).
