El gobierno avanza en el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos
Despidos masivos y denuncias de espionaje
La Policía Federal controló el ingreso del personal. La Comisión Provincial por la Memoria detectó que se filmó a quienes se manifestaron contra el vaciamiento. La legisladora Victoria Montenegro prepara una denuncia contra el secretario Alberto Baños.
Una larga fila. Un trabajador o una trabajadora pasa, dice su nombre y un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) revisa un listado que tiene en su celular. Solo después de eso le franquea el ingreso o se lo prohíbe. Hay llantos y desazón, pero también abrazos y solidaridad. Esa fue la escena que marcó la mañana en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que tiene su sede en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Además del cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la motosierra libertaria tocó todos los rincones de la SDH. Los sitios de memoria fueron de las áreas más afectadas e incluso denuncian que uno de ellos quedó directamente vacío.
En paralelo con los controles que debían padecer los trabajadores para ingresar a sus puestos de trabajo y con las camionetas de la PFA que se apostaron en las calles laterales de la exESMA, llegaba a los tribunales de Comodoro Py una denuncia por tareas de inteligencia ilegal en el espacio de memoria ubicado en Avenida del Libertador al 8151. La presentación fue hecha por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presiden Dora Barrancos y el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel.
